39 años de monarquía: Del perjurio a la exaltación de la mentira

Es conveniente, para establecer una pauta cronológica, que no sólo lo es en el tiempo, sino también en las circunstancias, separar los apartados de esta conferencia para poder entenderlos mejor. Comenzaremos por el 22 de julio de 1969, día en que Juan Carlos de Borbón y Borbón, príncipe de España (no de Asturias) pronuncia en las Cortes españolas, ante Francisco Franco, las siguientes palabras: “Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de Julio de 1936, en medio de tantos sacrificios, en medio de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios, para que la Patria encauzase de nuevo su destino…España, en estos últimos años, ha recorrido un importantísimo camino bajo la dirección de vuestra excelencia. La paz que hemos vivido, los grandes progresos, el haber encontrado el camino auténtico y el marcar la clara dirección de nuestro porvenir, son la obra del hombre excepcional que España ha tenido la inmensa fortuna de que haya sido, y siga siendo por muchos años, el rector de nuestra política…”

Y seguía hablando de “nuestra concepción cristiana de la vida, la dignidad de la persona humana, como portadora de valores eternos…”

Minutos después Juan Carlos de Borbón juraría lealtad al Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes fundamentales del Reino”. Debemos fijarnos bien en los términos Principios (primero) y Leyes (después) para comenzar a explicarnos el porqué de un perjurio, que analizaremos más tarde en este mismo acto.

Pero es que meses después, ante falangistas que pudiéramos decir de pura cepa, el 10 de febrero de 1970, que fueron allí a apoyarle en su singladura manifestada y jurada, volvió a ratificarse en su juramento con estas otras palabras, contundentes, directas, sin trampa ni cartón: “Habéis jurado servir a España, yo también. Habéis jurado fidelidad a los Principios del Movimiento y a las leyes fundamentales, yo también. Habéis jurado lealtad a Franco y a lo que Franco significa, yo también”. Quienes escuchaban este alegato eran los miembros del Consejo General de la Guardia de Franco, posiblemente la flor y nata de una Falange a la que también pertenecían en ese momento Adolfo Suárez González, Luis Herrero Tejedor, Juan José Rosón Pérez o Rodolfo Martín Villa, personajes que antes y después siguieron el camino real –no el de los principios y leyes- junto al monarca que después juraría otras leyes –ojo-, que destrozarían esos principios. Ahora bien, los que estaban allí, ante el sucesor de Franco y futuro rey, no eran estos que he nombrado aquí, sino hombres que después permanecieron con fidelidad a las ideas y a los comportamientos, que son dos cosas distintas.

Bien es verdad que Franco tuvo que hacer encaje de bolillos para convencer a las fuerzas políticas que le habían brindado su apoyo durante su régimen de que Juan Carlos no iba a ser el monarca liberal al que estábamos acostumbrados en España durante siglos, sino la expresión de otra forma de gobernar acorde con los ideales del 18 de Julio. Aquí los que más tenían que decir eran los monárquicos tradicionalistas que habían combatido en la guerra encuadrados en el requeté o las milicias falangistas que, con sus banderas, aportaron un gran empuje a la victoria final. Me acuerdo que fueron muchos los quebrantos de los tradicionalistas para dar su voto a Franco ante la proposición de la nueva y distinta monarquía, y también los de los falangistas, que tenían la experiencia de José Antonio cuando manifestó, porque tuvo ocasiones de sobra para ello, que la monarquía había caído como una cáscara vacía. Todo se resolvió, una vez más, con un voto de confianza a Franco para sacar adelante su proyecto, que era sólo suyo, y que pretendía plasmar en una Corona que fuese al mismo tiempo católica, tradicional, social y representativa. El asunto estaba en huir del fantasma liberal, que, en eso sí, todas las fuerzas que apoyaban al régimen anterior se ponían de acuerdo.

Hasta aquí bien pudiéramos considerar un periodo de la monarquía española, no la del príncipe de Asturias, sino la del príncipe de España, que estaba siendo preparado por el régimen del 18 de Julio para encarnar una monarquía distinta, no sólo sin vinculación al pasado dinástico y genético de siglos sino dirigida a una visión moderna de la unidad de poder, completamente nueva, que reinase pero que también gobernase, separándola así, como venimos diciendo, de la corriente liberal que había arruinado no sólo a las monarquías sino también a las repúblicas. Pero es que España, en aquellos momentos, lo podía hacer, porque económicamente había despegado, mantenía con Europa un extraordinario Tratado Preferencial –es decir, todas las ventajas y ningún inconveniente- y con los Estados Unidos desarrollaba los acuerdos militares de  defensa sin otros problemas que los planteados por la deriva, siempre incierta, de la política internacional norteamericana.

Bien es verdad que ETA había comenzado a matar en 1968, para culminar su asalto criminal con el asesinato de Carrero Blanco en 1973. Pero también es verdad que en 1975, cuando Juan Carlos de Borbón accede a la jefatura del Estado, el circuito terrorista no existía, y ése fue uno de los factores que indujo a error a los nuevos gobernantes para establecer la democracia liberal: creer que con la futura Constitución el pistolerismo iba a dejar de actuar. No sabían, o no quisieron saber, que ETA jamás iba a tener enfrente al nuevo régimen liberal, porque éste, con su permisividad, es el único que le iba a dejar matar con mayor cobertura. No quiso comprender nunca el nuevo régimen y la clase dirigente y muy bien instalada del mismo que ETA odia a España, y, precisamente por eso, a todo lo que la sirva, ya sean personas a título particular, funcionarios, militares, cuerpos de seguridad, cocineros que trabajen en un departamento de Marina o peluqueros que ejerzan su oficio en un cuartel. O incluso a extranjeros que muestren su cariño o su adhesión a las virtudes históricas de España. Todo vale, excepto un capítulo contra el cual no ha habido jamás el mínimo atentado: el clero. Y es que ETA nació en un seminario, no lo olvidemos.

Y se produce el relevo, un 22 de noviembre de 1975, con el cadáver del vencedor de la guerra aún caliente. Apenas unas fechas antes, el ya casi rey había visitado el Sáhara para estimular a las tropas que estaban preparadas para enfrentarse a la oportunidad y a la picardía de Hassan II, que aprovechaba la enfermedad terminal de Franco para asaltar, con turbas protegidas por Estados Unidos y enfervorizadas por el monarca bereber, un territorio cultivado, alfabetizado, saneado, atendido religiosamente –iglesias y mezquitas-, explorado y explotado tecnológicamente en sus riquezas, defendido y enseñado a defenderse, identificado y censado hasta en los grupos nómadas que vivían en aquel inmenso desierto por una España que había concedido el DNI a aquellos “hombres azules” y también el puesto de procuradores en sus Cortes representativas. Y que jamás había sido territorio de Marruecos.

En ese 22 de noviembre Juan Carlos de Borbón repite su juramento anterior de Príncipe, jurando ante los Evangelios fidelidad a los mismos principios y leyes de seis años antes, cuando el régimen surgido de la legitimidad de haber ganado la guerra a una auténtica barbarie internacional contra España así lo había decidido. “Se trata –decía entonces- de continuar la ingente labor del Caudillo…” Y ponía énfasis en algo tan fundamental como son los principios, anteriores a las leyes, que él manifestaba de la siguiente forma: “…y pongo de manifiesto mi lealtad a un régimen nacido de la necesidad de recuperar la identidad nacional -es decir, los fundamentos- del país y su legitimidad como Estado”. Si el rey que lo iba a ser inmediatamente tras este discurso, afirma que la legitimidad del Estado había sido recuperada, es que anteriormente no existía, y ésta, aparte juramentos y promesas en falso, es la única verdad de la vida de esta monarquía: haber reconocido pública y solemnemente que antes de la guerra, y no sólo antes de la guerra sino antes de la República, la legitimidad del Estado no existía. La había entregado o la había malvendido. Éste es buen comienzo para empezar a comentar principios, leyes y comportamientos.

Del juramento de 1975 a la Constitución de 1978

Posiblemente el mismo día de este juramento y de la Misa de Espíritu Santo en los Jerónimos comienza el desmonte del régimen anterior. Un Consejo del Reino de Franco buscó al que se creía uno de los suyos, Adolfo Suárez, que nombrado presidente del Gobierno con la ayuda de un presidente de las Cortes que también había sido de los suyos, Torcuato Fernández-Miranda, elaboraron unas leyes –no principios- completamente distintas y distantes de las juradas tan sólo meses antes en el caso del rey, y días antes en el de Adolfo Suárez. No había en aquellos momentos en España la mínima voz que pidiese cambio político, exceptuando los protectorados de Moscú que actuaban en Europa y en el mundo. No se pedía república ni por asomo. Ni siquiera generales que asegurasen el “más allá de Franco”. Pero en el seno de las Cortes y del Consejo Nacional del Movimiento parecía como si se hubiese extendido un éter, una especie de magma, que pronunciaba insistentemente una palabra mágica que aparecía en los periódicos: ¡Apertura! En la revista que dirijo había un redactor ocurrente, chusco, de gran pluma, vivo de entendimiento y fiel en los principios, que decía: “¡Ya está bien, yo no me abro de nada por si acaso!” Y tenía razón, porque por esa vía penetradora era por una de las cuales quería comenzar la apertura de, incluso, algunos ex ministros de Franco.

Se produjo entonces una trama conspirativa en la que participaba el reciente rey de Franco de una manera fervorosa. Con Suárez y Torcuato se veía en La Zarzuela sin tregua para preparar el cambio de las instituciones. Podía cambiar todo –como cambió- excepto la monarquía, que seguía siendo la jurada. Pero en noviembre de 1976 las Cortes de Franco acogían una ley para la Reforma Política que convocaba a todos los procuradores y consejeros nacionales del Movimiento para votarla según el procedimiento esgrimido por Torcuato: “de la ley a la ley”. Allí había muy cerca de 500 parlamentarios. Todos eran ministros o ex ministros de Franco, catedráticos, presidentes de importantes academias, diputaciones o compañías, generales, obispos, sindicalistas, alcaldes, gobernadores y periodistas. Sólo 59 votaron en contra.

Antes se habían presentado tres enmiendas a la totalidad: Raimundo Fernández-Cuesta, José María Fernández de la Vega y Blas Piñar. Este último desplegó, igual que lo hizo otro buen jurista como era Raimundo, una batería de argumentos que anonadaron y abochornaron a los mandatarios del régimen que estaban apostando por esa ley que, sin trampa ni cartón, postulaba una ruptura con todo lo legislado anteriormente. Piñar dijo, de entrada, que “José Antonio, hablando de la ley, manifestó que la misma debería ser exponente de las categorías permanentes de razón y no tan sólo de las arbitrarias decisiones de voluntad, y también que fue el propio José Antonio el que afirmó que el liberalismo es el más ruinoso sistema de derroche de energía”. Y remachó cuando añadió que el proyecto de Reforma política se halla en conflicto con la filosofía política del Estado, hasta el punto de que, si prospera, por muchos y hábiles que sean los mecanismos correctores, lo que no podrá conseguirse, como no sea rechazándolo, es que el acatamiento a la ley de Dios, la unidad entre los hombres y las tierras, la subordinación al interés nacional de los intereses individuales y colectivos, la monarquía tradicional, la representación orgánica, la justicia social, la función social del trabajo, la iniciativa privada, la concepción comunitaria –en intereses y propósitos- de la empresa sean respetados por las decisiones soberanas de una mayoría, cuya voluntad puede manipularse en el caldo de cultivo que es –para los grupos de presión- la democracia liberal o inorgánica”.

Los principios y las leyes

Los principios –seguía el orador- no son una síntesis extraída de las leyes fundamentales, obtenida por destilación meticulosa de éstas, de tal forma que si cambiamos los ingredientes de la infusión, el líquido resultante tendrá un color y un sabor distintos. No, las cosas no son así, sino todo lo contrario, pues tales principios coinciden, como señala el preámbulo de la ley, con los ideales que dieron vida a la Cruzada, que, por otra parte, son los únicos que históricamente legitiman el Estado actual, la monarquía y la Constitución”. El auditorio continuaba escuchando, encogido y avergonzado, en aquel hemiciclo repleto de hombres y mujeres que instantes después se iban a hacer el mayor harakiri conocido en la historia política moderna. Y, al final, llegó la madre de todas las batallas: “Se trata del valor y alcance que cada uno dé a su juramento. Si cuando juramos, de conformidad con lo previsto en la ley, entendemos que juramos unos principios inamovibles y un orden constitucional sólo modificable en función de aquéllos, la respuesta al proyecto de Reforma política debe ser un voto negativo, (porque) está claro que la derogación de los principios permanentes e inalterables sólo pueden hacerla aquellos que no los juraron, desde una posición distinta y adversaria… Pero los que hemos puesto a Dios por testigo de nuestra fidelidad, empeñada en conservarlos, no podemos quebrantar nuestro juramento sin gravar la conciencia y sin escándalo”. Y ahora añado yo: el rey de España y sucesor de Franco fue el primero y más importante actor en quebrantarlos. He ahí el primer perjurio, la madre de todos los juramentos en falso que se prestaron posteriormente.

 Después vino la Constitución de 1978, elaborada en parte por personajes, como Manuel Fraga, que habían jurado antes, hasta nueve veces, los principios y leyes del Movimiento Nacional, o como Gabriel Cisneros, que había sido el delegado nacional de las Juventudes del régimen de Franco y que igualmente los había jurado –y renegado de ellos- en bastantes ocasiones. Y una nueva España que iba a empezar su incuestionable declive hacia el abismo. El rey parlamentario, ya no el rey de Franco, comenzaba otra singladura. Y para ello se provee de apoyos políticos que le ayuden a ser un rey constitucional, pero sin apartarse demasiado de lo anterior. Inventa una fórmula que se llama UCD, conglomerado de todos los resentimientos del régimen anterior, con gran parte de la aristocracia de la cultura que le molesta mucho que le llamen fascista, aunque hayan escrito hasta libros de Formación del Espíritu Nacional; con aditamentos liberales o monárquicos de las dinastías decimonónicas y antifranquistas ; con demócratas cristianos que traen la ley del divorcio; con diputados electos que preparan, cambiando de partido, la ley del aborto; con parlamentarios, en suma, que van dejando sus despachos particulares para convertirse, a tiempo completo, en profesionales de la política.

España empieza a firmar Tratados por doquier por la vía de la aceleración: con Europa, con la OTAN, con el mundo comunista y, lo que es peor, envuelta en un falso espíritu de reconciliación trae al redil no a los exiliados por razones ideológicas, que prácticamente estaban todos en España antes de los años 70, sino a aquellos que no venían por contar con un currículo criminal estremecedor, cargado de órdenes de busca y captura y responsables de genocidios y asesinatos cuyas heridas ni siquiera han desaparecido con los propios autores muertos. Éste ha sido un capítulo para echarse a temblar, cuando vivimos en una Europa que todavía persigue a un soldado raso, nonagenario e indefenso, por el hecho de hacer guardia en una garita en un campo de presos alemán durante la II Guerra Mundial.

Pero el capítulo más doloroso fue el del terrorismo. Uno de los falsos y equivocados argumentos que se esgrimieron para el cambio de régimen fue el del yugo al que aquél tenía sometido a las provincias con antecedentes separatistas. ETA empieza a matar con Franco, pero al final de la vida de éste el circuito terrorista está prácticamente cauterizado. El sistema liberal no consiente, sin embargo, que el secesionismo no pueda estar representado en los parlamentos. Y crea unas nuevas formaciones que no tienen vinculación con el pasado separatista, pero que sobrealimentan la nómina de políticos profesionales. Aparece Arzallus, un sacerdote vasco hijo de un sargento carlista con Franco; o Pujol, un banquero dedicado al negocio separatista; o, en el lado socialista, un Alfonso Guerra, hijo de un maestro armero de Queipo de Llano en Sevilla, o un Bono, hijo de un alcalde falangista en Albacete. Y así muchos más, ya que el cordón umbilical con el socialismo histórico en España lo había cortado Franco, con Rodolfo LLopis en el exilio reducido a la mínima expresión. El PSOE que se crea resulta ex novo, creado en gran medida por los servicios especiales del franquismo pensando en el “más allá de Franco”.

Pero el acoso terrorista se hace insoportable. Se llegan a matar hasta 200 españoles inocentes en un año, para agrandar una cifra que durante la llamada Transición alcanza el millar de asesinados. Pero así y todo la gran mentira del régimen actual sigue manifestando que se trata de una Transición pacífica, donde no ha pasado nada, las instituciones están más fuertes que nunca y los niveles políticos y sociales han alcanzado cotas más que apreciables. Aunque de la novena potencia industrial del mundo hayamos pasado al lugar 16, y en desarrollo económico al 21. En 1975 contábamos con una desocupación inferior al 4 %, que en estas cifras es considerado como paro técnico, inapreciable en valores económicos. Y hoy sabemos que estamos en lugar cercano al 26%, arrojando una cifra en valores totales cercanos a 6 millones de españoles sin ocupación.

En 1981, tan sólo cinco años y algunos meses después de la proclamación del nuevo rey, España se encontraba aterrorizada y al borde de la desesperación por varios factores desencadenantes, aunque por uno principal: el pistolerismo. Pero éste no era el esporádico y localizado de Ferrer y Guardia en Cataluña o el de Mateo Morral en Madrid. Estaba organizado, con un ejército en marcha bien aprovisionado y con unos agentes dispuestos a matar sin ningún principio moral. Nace entonces un movimiento terrorista que reivindica, en una supuesta primera entrega, el principio “sangre por territorios”. El Estado y la monarquía liberal no se dan cuenta del problema –como más tarde verificaremos-, pero los cadáveres de inocentes se van amontonando sin gloria, sin entierro visible, con llantos prohibidos y sin una flor. Son el precio que exige el nuevo régimen, que para establecer un parapeto que lo proteja pone en circulación una idea genial: a un lado los terroristas, al otro los demócratas. El clamor es tan insistente que algunos, los más reflexivos, se empiezan a preguntar: pero, bueno, ¿a mí hijo, a mi padre, a mi hermano, lo han matado por ser demócrata? Pero ¿ser demócrata no es ser partidario de un sistema de gobierno donde el pueblo ejerce la soberanía? Pero ¿qué clase de soberanía se ha ejercido conmigo si alguien ha decidido que estorbo en esta nueva sociedad? ¿No será que mi presencia es sinónimo de ser español, de servir a España, de vivir como un ser decente en medio de esta cueva de lobos que no me dejan trabajar, ni vivir? ¿Qué fórmula democrática me obliga a salir de mi tierra, con todos los míos, para que no me maten otros demócratas que libre y voluntariamente han decidido segarme el pescuezo sin beneficio de inventario? ¿Qué clase de rey, de gobiernos, de dirigentes, de alcaldes tenemos que no se ponen en su lugar para defender el primero de los principios, que es el de la vida?

Agotado este discurso llega el 23-F, consecuencia natural, biológica, existencial, de un pueblo sollozante, atemorizado, suplicante que empieza a echar la vista atrás por un bien perdido. Tengo trabajo pero no seguridad. Los que tienen los medios para defenderme no lo hacen porque viven bajo el síndrome y el descubrimiento de la libertad, bien absoluto que no lo han puesto en marcha los seres libres sino los liberales, que ni son lo mismo ni son iguales. “Tú acabas de dar la vida por la democracia y la libertad” es el mensaje rotundo, redondo, de entierros y velatorios. “Oiga –se preguntaban algunos- ¿y a mí quién me quita y por qué la libertad de vivir? Oiga, ¿es que algún dios o sinónimo de la divinidad ha decidido que yo, una insignificancia en el panorama social y nacional, no tengo sitio? Oiga, ¿dónde está protegida mi soberanía, el derecho a educar a mis hijos, de obtener una vivienda digna, de decidir lo que quiero hacer en el seno de mi familia?” Y una y otra vez el soniquete de siempre: es el precio que se cobran la democracia y la libertad. Así durante años, lustros.

Pero alguien decide por Juan Carlos I, que no se atreve a sacar el ejército a la calle, pero que tiene unas ganas enormes de hacerlo. No puede echar mano de la Constitución del 78 porque aunque contempla los estados de emergencia, de sitio y hasta de guerra, ¡hombre, qué dirán en el mundo del rey que tanto ha luchado por salir de los paisajes tenebrosos del franquismo! Entonces promueve un golpe blandito, corrector, para seguir con ese enjuague. Pero se pasa de frenada, entra en escena un teniente coronel de la Guardia Civil que no se conforma con corregir la situación en la forma, sino en el fondo, y, después de comprobar el rey que su jugada ha fracasado, aparece en televisión hablando como su antecesor Fernando VII el Deseado: “marchemos todos por la senda constitucional y yo el primero”. Y volvimos a las andadas, pero con una particularidad: si al rey de Franco le quedaba alguna clase de soberanía sobre las decisiones de su cabeza coronada, en ese momento desaparecieron para otorgársela a una clase política dominante que toma las riendas con autoridad, le enseña el camino a seguir y lo trata como un rehén: ahora, a callar; después, a hablar, cuando lo digamos nosotros, y más tarde a pedir perdón como un niño travieso que  promete que no lo va a hacer más. Pero el antaño rey de Franco les ha sorprendido poniendo la vista en su augusto abuelo: Como ya no puedo más, cuando los míos están metidos hasta los ojos en negocios turbios y hasta criminales, que los han realizado en colaboración con la clase política que he formado yo y que ahora me secuestra; como mi mujer no vive conmigo porque está harta de leer los periódicos y hartarse del proverbial principio borbónico de la infidelidad; como no puedo ni ir a cazar porque me caigo y me rompo las piernas y me lo recriminan; como estoy harto de una prensa que me pedía libertad a toda costa y ahora la aprovecha para “ponerme un pino en el estómago” y además empujar, como Cataluña me va a plantear un problema gordísimo con su famoso referéndum, pues os voy a sorprender dejándoos este berenjenal a vosotros para que lo resolváis con mi hijo y con su mujer, que es una chica “muy competente” y está muy preparada para esta nueva situación. Yo, como mi abuelo, camino de Cartagena: para no crear males mayores ahí dejo la Corona, el prestigio de haber recibido una monarquía sobre el gran sacrificio de un pueblo cristiano, honrado y trabajador, y que por mí no quede: ésta no es mi despedida, es el fruto de un perjurio y de la exaltación de una mentira permanente; es mi venganza contra todos.     

 Después de dilapidar la herencia recibida…

¿Otro camino de Cartagena?

Carta a Juan Carlos I en el día de su abdicación

 Señor:

Permítame decirle, desde estas modestas y leales páginas a España, que si verdaderamente su abdicación no es otro camino de Cartagena, al menos lo parece. Y, además, comienza con una falsedad monumental: “Abdico la Corona, legado histórico recibido de mi padre”… Comprendo que en una circunstancia tan especial, con una clase política profesional que ha vivido opíparamente de este régimen, no se pueda decir otra cosa. Y menos con una oposición en la calle con las fauces abiertas, deseando cantar a pulmón abierto: “Si los curas y frailes supieran, la paliza que les van a dar, subirían al coro cantando: ¡libertad, libertad, libertad!”. Pero la verdad histórica, clínicamente pura, es que el trono fue recibido por un acto de voluntad de Francisco Franco, un Jefe de Estado que no sólo peleó en una guerra feroz para ganarla y traer la liberación a España, sino que libró otra aún más violenta, durante lustros, para convencer a don Juan, su padre, de que él no era el camino, porque esa Corona fue abandonada por otro acto de voluntad de su augusto abuelo, todo lo fundamentado que se quiera, pero que el Estado del 18 de Julio no tenía la obligación política ni moral de restaurarlo.

Además, en noviembre de 1975, el Rey Juan Carlos I recibía una joya de legado que no era el de la abdicación postiza de La Zarzuela. Ni una Corona llena de piedras preciosas. Lo que se le entregaba a ese monarca reinstaurado, joven, bien formado –al menos con el cariño que se hacen estas cosas con los hijos-, es una España unida y en plena expansión, con las rencillas eliminadas en el interior, donde la mayor parte del exilio había vuelto muchos años antes, y donde sólo quedaban los reductos del odio alimentados en Radio España Independiente, desde Bucarest, y en los despachos de Moscú donde se pudrían de ganas de volver seres que jamás, jamás, se sintieron españoles. Y, por si fuera poco, estaban de sangre, en retaguardia y sin juicios, hasta los ojos.

También se le entregaba en aquel acto, tras el entierro en el Valle de los Caídos, una nación puntera que se había convertido en la novena potencia industrial del mundo. El esparto y la alpargata, aquel solar desabrido de ocres rabiosos en el cromado de la tierra, había dado paso al milagro del agua, con una Extremadura que cultivaba arroz y unas presas hidráulicas que producían luz a chorros y regaban por todas partes. Yo mismo fui testigo de ello mediante la publicación de reportajes interminables que agotaban fuerzas y abrían miradas desconfiadas o huidizas. Al mismo tiempo, la población española trabajaba porque se le había enseñado a ello, señor. El problema actual es que todo, como dice el actual Papa, es un puro “ni ni”, ni estudia, ni trabaja, ni sabe servir ni siquiera hay ganas de ello. Es más fácil colarse en una lista para ser concejal que comenzar un aprendizaje profesional para mover máquinas prodigiosas o extender vías de ferrocarril o carreteras.

Había otra piedra que tal vez fuese la joya más preciada y preciosa de esa Corona jurada en 1975 ante los santos evangelios. Una clase media esplendorosa, con trabajo todos los días, con residencias modélicas y baratas para descansar y, sobre todo, con sentido común: si tenemos dos, no podemos gastar cuatro; si nos salimos del cauce de la economía familiar, terminamos en el desborde de usos y costumbres; si queremos prosperar sin miramientos, causamos un daño capital al prójimo… El general Vernon Walters, ese norteamericano que sabía y recitaba de carrerilla las estaciones del Metro de Madrid, ya lo manifestó en su día: “Lo mejor que hizo Franco fue su clase media”. Pero las empresas informativas que se habían creado para el salto hacia la Transición confundieron churras con merinas. Hicieron de la democracia una diosa de la política como Ceres lo era de la agricultura. Sin darse cuenta –o dándosela, que es peor- pujaron para que  brillase, en buena definición, un sistema de gobierno para que el pueblo ejerciese la soberanía. Aunque es misión del soberano indicar a ese pueblo dónde está su ámbito para que aquélla sea eficaz. No se trata, como se hizo, marcando el paso liberal, del “café para todos”, porque ahí se rompe con otro principio, incluso superior, que es el de la justicia, que no es dar a todos por igual sino a cada uno lo que le corresponde.

Luego vinieron las equivocaciones, e incluso, como consecuencia de ello, los perjurios, porque aunque al Rey le proclamasen el “motor del cambio”, no lo hizo solo. Le ayudaron a ello personajes que, al igual que el monarca, habían sido educados con esmero en el régimen anterior y que habían jurado, alguno de ellos, hasta en nueve ocasiones los principios y leyes del Movimiento Nacional. Y que no tuvieron reparos en ponerse a la cola, dando codazos por doquier, para obtener un puesto de privilegio en el nuevo sistema. Se elaboró un alegato tramposo que se tituló “de la ley a la ley” que, como explicó Blas Piñar donde había que hacerlo, en Las Cortes, con ciencia jurídica didáctica desbordante y brillantez prodigiosa, no puede existir ninguna ley que salte por encima del principio, porque éste es anterior a aquélla, y porque nunca puede traer una reforma –que es lo que se pretendía- sino una ruptura con años y años de legislación que han producido resultados evidentes  para beneficio social y moral de España.

Luego llegó el terrorismo, que ya había comenzado en 1968, con el régimen anterior en buena forma todavía, pero con unos servicios de información que no sabían lo que era la Alternativa KAS ni las provincias francesas y españolas que abrazaba el nombre de Euskadi. Esto lo solucionó, o al menos lo intentó, el almirante Carrero Blanco, otro de sus más encendidos partidarios. Y por eso, con un mar de complicidades indescriptibles, voló por los aires. Pero cuando murió Franco, el circuito terrorista estaba prácticamente aniquilado: para ello no hicieron falta Gal, ni Batallones, ni funcionarios corrompidos. Con la famosa Brigadilla de la Guardia Civil, cuyos miembros no comunican sus actos previstos o realizados ni a su mujer, fue suficiente.

 El 23-F

Señor: Un día de abril de 1979 fui, con Blas Piñar, a visitar a Luis María Anson. Éste era entonces presidente de la Agencia EFE. Al fundador de esta revista, a quien yo acompañaba, le dijo usted en La Zarzuela, un día que le visitamos siendo Príncipe y leyendo un texto que seguramente le escribió algún cortesano del “más allá de Franco”, que no se creyeran, él y los que pensaban como él, que tenían “el monopolio del patriotismo”. Aquello fue un golpe bajo para un procurador y consejero de alta gama y mejor conducta. Y que barruntaba el perfil que se iba a cultivar a partir de ese momento en aquella casa. Después, con su campechanía habitual, nos reunió en corrillo informal, para romper el hielo producido por aquella expresión, y nos dijo que “¡Hombre, es que hasta aquí viene mucha gente a hablarme mal de Blas Piñar!”.

Pues bien, en la ocasión citada, que en ningún caso tenía un motivo de mentidero político, sino de encuentro profesional promovido por mí y relacionado con una cobertura informativa, Anson, que es periodista bien informado y supongo que bien visto en La Zarzuela, y, desde luego, autor de esa histórica fantasía surrealista del Rey Juan III, no tenía ganas de hablar de Hispanoamérica ni de corresponsales, aunque todo hay que decirlo: nos trató bien porque sabe hacer las cosas. Lo que nos dijo, sin venir a cuento ni pedírselo, ni siquiera insinuárselo porque estaba totalmente ausente de nuestras mentes en ese momento, es que usted no tenía capacidad por sí mismo para darse cuenta de lo que estaba pasando con el terrorismo, y que tenían que ser militares de toda su confianza los que le pusieran en antecedentes y buscasen soluciones. El presidente de Fuerza Nueva y yo nos miramos atónitos ante lo que estábamos oyendo. Y no tuvimos ambos la mínima duda, casi dos años más tarde, de quién había promovido de alguna manera, y sin pararnos en detalles, aquel episodio del Congreso de los Diputados. Ambos, también, estábamos allí aquella tarde, y a partir de ese momento nos explicamos a la perfección lo acontecido en origen, aunque no tuviésemos ningún conocimiento previo al desarrollo de los hechos. Por eso tampoco hemos necesitado 33 años para que Pilar Urbano nos explicase algunas cosas, que yo vi con mis propios ojos a las doce del mediodía del 24 de febrero. Adolfo Suárez, con la mandíbula desencajada y el gesto propio de llevar un cuchillo entre los dientes, pasó ante mí para tomar el coche oficial mientras le decía al conductor, con gesto desesperado y brusco: “¡A La Zarzuela, a La Zarzuela!”. No hace falta ser muy intuitivo para imaginar que llevaba colgado el antecedente del general Primo de Rivera: “A mí no me borbonea nadie”. Pero esta periodista que ha descubierto el Mediterráneo después de tres décadas, y que se sentaba a mi lado en la tribuna de prensa del Congreso, se había quedado tan sólo  en Gabeiras como misterio y enigma de aquel golpe, cuyo nombre no hacía otra cosa que mascullar con insistencia obsesiva hablando sola en su pupitre. 

Yo, señor, estuve con Tejero toda la noche, y como el hombre no salía de su asombro acerca de quién le había metido en ese embrollo, intentó todas las fórmulas para solucionarlo sin extorsión para nadie, entre ellas elaborar una nota a favor de España y de su unidad, de la justicia social y de la persecución del terrorismo hasta el final. Y terminaba con un sonoro “¡Viva el Rey!”. Esa nota se la di yo a la Agencia Europa Press desde las cabinas telefónicas del Congreso, pero la prensa adicta que esperaba ver, ansiosa y jadeante en el Palace, no cómo se extirpaba el terrorismo y se protegía la unidad de España, sino cómo se acababa con el golpismo, aunque fuera a tiros y sin piedad, se pasó por el arco del triunfo –perdóneseme la licencia- la nota y su autor. Mientras, eso sí, unos energúmenos, puño en alto y dientes de acero, gritaban –repito, puño en alto- lo mismo que Tejero en ese momento: “¡Viva el Rey!”. Con su aparición en televisión a la 1,14 de la madrugada del día 24 de febrero de 1981, una vez que dos minutos antes hubiera abandonado el general Armada el Palacio del Congreso ante la negativa del teniente coronel de la Guardia Civil de plegarse a sus peticiones, se acabó todo. Y es que éste no estaba allí para defender la monarquía ni la democracia. Estaba en ese lugar porque le habían convocado, en nombre del Rey, para defender a España. A partir de ese momento, y hasta el día de su abdicación, señor, usted ha sido rehén de esa falsa y espuria democracia, que le ha perdonado el trono hasta que ya no le servía para sus fines.

Pero se va en mal momento, alimentando una sensación de huída tras un balance que ha arrojado para España la pérdida de todo lo conseguido hasta hoy. Usted no tiene la culpa de lo que haya podido hacer su yerno, pero éste ha percibido un climax, en los círculos amistosos que le rodean, que probablemente haya podido conducir su imaginación al clásico:¡Si lo hacen otros, por qué no puedo hacerlo yo!”. La actual clase política no ha hecho servidores; ha hecho millonarios, golfos, truhanes, hideputas que diría Cervantes en sus páginas gloriosas, bandoleros con trabuco en versión política que no honran nada, ni padre, ni madre, ni mujer, ni Dios, ni Patria. Y, desde luego, pobres por doquier, parados a mansalva, amargados en su vida y seres que no encuentran maestros, ni en la política ni en el espíritu, que les haga vivir “la alegría y el orgullo de la Patria”, que dijo José Antonio dando el máximo ejemplo de verdad política. Y puede que usted, que con su augusta autoridad ha estado en todo, haya sido la primera víctima, cuya imagen más expresiva recoge aquella especie de perdón infantil sugerido por haber estado cazando en Botsuana, y que tenía sabor de imposición sumaria por parte de una secta pública que, en buena lid, tenía que haber estado en la mazmorra por lo menos la mitad de su reinado. Vienen a cuento las palabras que pronunció el reciente Rey Guillermo de Holanda el día de su coronación: “Ya sé que la Corona, es decir, el Rey, no tiene responsabilidad política en sus actos, pero de ninguna manera puede eludir su responsabilidad moral”. “Lo escrito, escrito está”, le dijo Pilatos al Sanedrín. Lo hecho, hecho está, le puede decir Juan Carlos I a su pueblo tras 39 años de un trono recibido y cimentado sobre el ejemplo, la sangre, el sacrificio, el martirio, la santidad  y el heroísmo de varias generaciones. Efectivamente, no ha sido una monarquía cualquiera.      

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista Fuerza Nueva, nº 1437

Los recientes acontecimientos de León, donde fue asesinada la presidenta de la Diputación provincial, Isabel Carrasco, ha desencadenado una ola de odio en España que expertos criminólogos han calificado de paranoide. No sólo se ha reflejado en el hecho en sí del crimen, sino en los miles y miles de comentarios recogidos en las redes sociales que manifiestan una especie de justicia exterminadora que aplaude esta clase de sucesos, que abren la veda -dicen- a la caza del político.

 SUMARIO 

El espejo

Homenaje a Blas Piñar en Lucena (Córdoba):

Sobrenombres para acuñar

Por Miguel Menéndez Piñar

 

Piedras de toque

Para los cristianos mártires del siglo XXI:

Obama no es Juan de Austria

Por Luis F. Villamea

 

Panorama

A la homilía del cardenal Rouco en el funeral de Estado por Adolfo Suárez:

Algunas “notas críticas”

Por Sigfredo Hillers de Luque

 

Documento

Biografía de una revista (y 3):

Con altiva independencia (crónica emocionada: 1976-1989)

Por Francisco Torres García

 

Tema denuncia

El derecho a nacer…

¿Y yo?…

Por Javier de Martín

 

Internacional

Para que Ucrania se entere:

La retórica de Putin

Por Arturo de Sienes

 

 

 

 

 

 

 

Editorial Fuerza Nueva, nº 1437

El odio nos envenena

 

El reciente crimen de León, en el que ha sido asesinada -al parecer por venganza, aunque la investigación está en curso- la presidenta de la Diputación provincial, Isabel Carrasco, pone de manifiesto algo que sacude brutalmente a la sociedad española, y que criminólogos e investigadores expertos y con experiencia han puesto de manifiesto estos días: “Hay una obsesión enfermiza, un odio, un rencor, elementos paranoides que pueden revelar una patología”. Se referían a este caso concreto, pero resulta que se hacía coincidente con otros muchos manifestados en las redes sociales, no sólo con inquina sino igualmente con bárbara brutalidad.

Y es que casi al mismo tiempo de conocerse la noticia, los ordenadores, a través de cientos, de miles de mensajes, avalaban el hecho centrándolo en un mal de la sociedad española actual, dando ánimo a la autora o autores del crimen y haciendo votos por continuar con esa tarea exterminadora como si se tratase de una mano justiciera y salvadora. Ahí radica el problema que envenena a la sociedad de nuestros días, y muy particularmente a la española, cuando jueces y fiscales, a pesar de lo salpicados que están por la politización de la justicia, dan muestra permanente -machacona en ocasiones-, a través de autos y sentencias, de lo podridos que estamos en la cosa pública.

Este crimen, que por sus características singulares se sale de lo habitual -aunque el resultado sea el mismo- ha puesto en guardia a responsables políticos que por unas u otras circunstancias almacenan y administran mucho poder, hasta el punto de que voces asustadas han anunciado que se acaba de abrir la veda para la caza indiscriminada del político. No se percibe para ello si la presunta razón ha sido una mala gestión que perjudicaba personalmente a alguien, si el asunto transitaba por la vía de la corrupción o si ese estallido paranoide del que hablan los entendidos acaba de explotar por causas psíquicas de una España que se está volviendo loca.

De ser esto así, es decir, si estamos perdiendo el sentido, es urgente ver qué razones están promoviendo ese estado mental, cuando en medio de un mundo desquiciado el sistema político tampoco se libra de sus demonios internos, en muchos casos familiares, que habitan incluso en el seno de los propios partidos y promueven, por razones que producen misterio en el ser humano, esas reacciones tan directas -sin aparente conexión ni acuerdo- y tan universales. Cuando ETA mataba a un concejal o a un militante de Fuerza Nueva -que fueron los primeros en caer-, se alegraban los enemigos de España, y todos sabíamos cuál había sido el sentido y el móvil de ese sacrificio. Pero hoy la consideración es distinta, aunque, repetimos, el atentado obtenga como resultado el asesinato de una persona.

Por tanto, este caso de León debe servirnos para estudiar nuestra conducta, y en ningún modo debemos tomarlo como un hecho aislado. No quedan lejanos en el recuerdo brutales sucesos acaecidos en la España rural en algunos casos, en otros en la urbana, que siempre llevaban el odio o la venganza en las entrañas, por cuestiones de lindes o por agravios dinerarios. Puerto Hurraco o el caso Jarabo son buena prueba de ello. Pero este asunto alcanza a la clase política, a la que se considera culpable, por el manejo abusivo del poder, de crear un “odio larvado” -según los criminólogos- en personas que, como vemos, no es sólo una, presas de un instinto criminal incontenible, sino de otras muchas que por la causa que sea consideran que les alcanzan motivos para odiar a los políticos profesionales.

Y es que la descomposición se hace cada día más ostensible. Ha sido un error imaginar que la crisis alcanza exclusivamente al sector económico y social, o al de la clase política. Todo ello tiene fundamento en la pérdida de un código moral que es el que guía a los seres humanos en sus actos, y que, por diversas causas, mil veces expuestas en estas páginas y en otras muchas con el mismo empeño, ha llegado a conseguir cualquier nivel de vileza, que nos lleva a comportarnos como criminales y, lo que es peor, a buscarles disculpas.