Editorial Fuerza Nueva, nº 1462

Lo que se avecina

Cuando se lean estas páginas ya habrá Gobierno. O tal vez no. Aunque sí una evidencia: España tiene hoy una Constitución que va a hacer muy difícil la formación de Ejecutivos en el horizonte más cercano. Y eso es así porque los grupos políticos que estableció la democracia liberal tras la ruptura con el régimen anterior, atendiendo a la ley d´Hondt, hacen la operación imposible ante la sucesiva igualdad de fuerzas que concurren a las elecciones, y que obtienen suficiente nivel para influir en los resultados finales. Este problema produce inestabilidad, desenfreno político, hartazgo social y un coste económico que las arcas de un Estado que no ha salido de la crisis no se puede ni se debe permitir.

Este año que llevamos sin Gobierno ha sido bastante más traumático en lo político que en lo económico, porque, a pesar de todo, las cosas han seguido funcionando -aunque mal- en lo fundamental, y lo que tiene que venir, a tenor de lo que el español medio se imagina, puede ser un calvario originado por la cantidad de frentes que habrá que atenderse, los acuerdos forzados que se esperan, las servidumbres que pueden producirse y los “no” que se barrunta surjan hasta debajo de las piedras. Puede ser la feria de Cuernicabra, que es el dibujo que adquirió Picasso en un mercadillo para plagiarlo en su famoso “Guernica”, adefesio pictórico de la fealdad que promueve, como todo en este periodo, un monumento a la manipulación histórica.

Todo llega en un momento crucial de nuestro acontecer, cuando el juicio Gürtel destaca la inmensa corrupción de importantes ayuntamientos y la falta de escrúpulos de bastantes dirigentes políticos del ala derecha del espectro, a la que se une la estela que ha dejado el asunto de los EREs andaluces, forzando a la judicatura a demorar resoluciones e instrucciones para que nunca puedan dictarse sentencias posteriores. Aquí todo se queda en las redacciones de los medios de comunicación, que son los únicos que ganan en esta partida de naipes trucados en que se ha convertido la España oficial: cubren horas y horas de audiencia porque algo tan grave como quedarse con el sudor de los demás entretiene a lectores, oyentes o telespectadores, sobre todo cuando desconocen el alcance moral de estos sucesos y no calibran el desenlace que pueden producir.

Y un detalle de ello es lo que viene registrándose en Cataluña, donde el desafío no tanto al Estado como a España como nación, ha supuesto una vez más el desprecio absoluto a la ley, que estos salteadores de legislaciones y caminos se fabrican  y acomodan según conveniencias, centrándolas en mayorías inexistentes y en la impunidad que proporciona la falta de respuesta de la autoridad competente, que sigue cometiendo la imprudencia, cuando no el delito, de no responder a la reiterada insurgencia  de separatistas, comunistas y afines, que hoy se agrupan en torno a partidos de nuevo cuño pero de antiguo y trágico proceder político.

La reforma de la Constitución se pide para resolver el problema sucesorio, cuando éste no requiere  importancia prevalente cuando hay otros que aconsejan establecer una inmediata acometida. La unidad de España la primera, al verse atacada por la propia carta magna que divide la nación en regiones y provincias de alta o baja procedencia y alcurnia. Esto crea, a la corta o a la larga, enfrentamientos, que ya se viven en Cataluña y Vasconia en el seno de las familias, en las empresas, en el comercio y en la calle. Y eso produce una guerra civil latente que ningún pueblo bien dotado puede soportar, y que la actuación del poder político promueve con su inactividad.

Lo que se avecina, por ello, no es nada ilusionante cuando sugiere que España no está en condiciones de mostrar su rostro más inclinado a la sonrisa o a la esperanza. Si cuando se puedan leer estas líneas ya hay Gobierno, su porvenir es tan incierto como sorprendente, porque nada hace aventurar un camino despejado de guijarros y plantas envenenadas. Y si no lo hay, una tercera convocatoria electoral sería el colmo del desprestigio, de malgastar el dinero público y de certificar, de forma clamorosa, que esta Constitución es anticonstitucional de una nación, de un Estado y de un buen porvenir para un pueblo que se tiene bien merecido después de tanta paciencia por soportar semejante ignominia.

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