Editorial Fuerza Nueva, nº 1458

Un régimen que se agota

Con la incertidumbre de si habrá o no elecciones el próximo 26 de junio abordamos la etapa seguramente más complicada del régimen que surgió de la mal llamada Reforma Política. Y decimos mal llamada porque aquel trasunto resultó una ruptura en toda regla con el ordenamiento jurídico-político establecido no después de una guerra, como dicen los interesados, sino a través de cerca de 40 años de elaborar leyes que pusieron a España en el puesto número 9 entre los países más desarrollados del mundo. Hoy estamos bastante más abajo, y en desarrollo económico alcanzamos el puesto número 21.

Pero con ser malo este dato no tiene parangón con el deterioro social, político y moral alcanzado por España en estas últimas cuatro décadas. Si escudriñamos en estadísticas fiables -cosa que ya están  haciendo los organismos internacionales dedicados a este menester- nuestra nación ha llegado al límite de la corrupción, del deterioro moral y del latrocinio, en algún caso de forma institucionalizada. Y cuando sale algún juez con ánimo de cumplir y hacer cumplir la ley -caso de los Eres de Andalucía-, se demora tanto la instrucción, se ponen tantas trabas en el proceso, que acaba todo por quedar en nada. Es una auténtica maniobra, bien pensada y estructurada, para que cada día que pasa nos adentremos en un laberinto emponzoñado.

Ahora lo estamos comprobando en el caso del presunto chantaje a los abogados de la infanta Cristina en el juicio de Palma, en el que la inmensa molestia política que significaba la acusación, en toda regla, de un miembro de la Casa del Rey, con defensores elegidos por el propio monarca, que previamente ha hecho posible la abdicación -no querida- del hoy Rey emérito, ha puesto en marcha un entramado de locura para tratar de paliar el brutal escándalo. Y para ello se han movilizado todos los elementos al alcance de un Estado -no sólo de un Gobierno- para contrarrestar el inmenso perjuicio que el proceso está promoviendo a escala universal.

Han sido varios meses de imaginar bien la maniobra, cuando mientras se alababa sin miramientos a la acusación particular que había tenido la audacia y el atrevimiento de promover la inculpación de la infanta, se muta de repente y, de igual manera, sin miramientos, se procede a satanizar la acción jurídica de quienes se habían impuesto la tarea de seguir adelante. Y se establece, de forma que a la opinión pública pueda serle creíble, una serie de datos que se conocían con años de anterioridad y que hasta este preciso momento no habían despertado la mínima sospecha delictiva, es más, se les había bendecido y elogiado incluso hasta la naúsea.

Todo esto no hace más que levantar la liebre de la capacidad de maniobra de un Estado, no siempre dirigida al bienestar de los que viven y trabajan en y para el mismo. Por ello los jueces han levantado su voz, con todo derecho, cuando por medio de este presunto caso de chantaje se les ha puesto en tela de juicio por haber cobrado conferencias y cursos, y por asistir a encuentros profesionales para los que se les ha requerido y que llevaban prendidos unos legítimos honorarios que dependían de su especialidad en la materia o de su magisterio inapelable. Han conseguido poner en pie de guerra a todo un estamento nacional de primer orden para tratar de defender lo que, para bien o para mal, sólo pueden y deben hacer los tribunales de justicia.

No tiene que extrañarnos por todo ello que España esté viviendo la época más infeliz de su historia más reciente, que sólo la voluntad de superarse de los españoles es la que salva la ineptitud de su clase política, carente en absoluto, en izquierdas y en derechas, de sentido nacional y entregadas por entero a los programas de televisión o a lo que se ha bautizado con el repetido apelativo de “postureo mediático”. Lo malo de todo esto es que ya no se trata de la clase política solamente: es el propio Estado, con la gran fuerza y medios de que dispone y mantiene, el que toma parte por él mismo y no por el bienestar de lo que ahora con tanto engolamiento dialéctico de gorro frigio llama “ciudadanía”.

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